¿Qué hace esta unidad?
Esta unidad lleva a cabo investigación y análisis sobre los factores sociales, económicos, jurídicos y de política pública que inciden en la obesidad y la alimentación. Asimismo, estudia el impacto que tiene sobre la sociedad y la economía, y analiza las acciones que, desde el ámbito de la política pública, la economía y el derecho, pueden contribuir a reducir la obesidad y mejorar la alimentación.
Asimismo, esta Unidad contribuye al debate público con información, análisis y propuestas orientadas a ampliar el conocimiento sobre el reto de la obesidad y sus implicaciones sociales y económicas. Formula mejores políticas y programas públicos desde diversos ámbitos para enfrentar el reto y analiza las mejores prácticas internacionales en la materia y cómo podrían adaptarse al contexto mexicano. También colabora estrechamente con las demás unidades del Instituto para que la investigación que realicen tenga también incidencia en las políticas públicas y en el debate público.
La importancia de las Políticas Públicas
La obesidad tiene importantes determinantes sociales y económicos, más allá de los factores genéticos o médicos. Las decisiones alimenticias de las personas y el estilo de vida, incluyendo la actividad física, dependen de muchos factores, como el entorno en que viven, la infraestructura y los espacios disponibles para una vida activa, el acceso a alimentos saludables y su precio, la información sobre los factores que contribuyen a un estilo de vida y una alimentación saludable, incluyendo lo aprendido en la escuela y la publicidad a la que están sujetos, entre otros.
Las políticas públicas y la legislación, más allá de lo relacionado al sector salud, tienen gran relevancia sobre la prevalencia de la obesidad. Por ejemplo, la política educativa incide sobre la formación de las personas en temas como estilo de vida y alimentación saludable, para tomar mejores decisiones. La política económica y comercial, así como la agropecuaria, incide sobre la disponibilidad de alimentos y su costo. La política fiscal contribuye a los precios finales de alimentos y a las decisiones de las personas sobre su consumo. La política laboral incide sobre el entorno de trabajo y las posibilidades de complementar la vida laboral con ejercicio, descanso y una alimentación saludable; y la planeación urbana afecta los espacios públicos, la infraestructura y la movilidad que inciden sobre la actividad física de las personas.
La prevalencia de la obesidad tiene mucho que ver con las políticas públicas en múltiples sectores, además del de salud y, de la misma manera, las acciones para reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad corresponden a muchos ámbitos de política pública y no solo al sector salud.
La obesidad y su contexto
El sobrepeso y la obesidad son problemas globales. Prácticamente en todos los países crece su incidencia desde hace 5 décadas. En México, 71 por ciento de la población padece de sobrepeso y tres de cada 10 infantes tiene exceso de peso. La obesidad es un tipo de padecimiento no transmisible, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Además del impacto directo sobre la salud física de las personas, tiene implicaciones sobre su salud mental e incluso sobre el logro educativo, el desempeño laboral y hasta los ingresos. Según la OCDE, por ejemplo, la población infantil con obesidad tiene menor logro educativo, se ausenta más, tiene menor probabilidad de completar el bachillerato y mayor probabilidad de sufrir bullying y acoso que aquellos con peso saludable, con implicaciones de largo plazo incluyendo menores ingresos a futuro y mayor dificultad para reducir la pobreza, promover la movilidad social y reducir la desigualdad. Para la población adulta, la obesidad puede llevar a mayor ausentismo y menor productividad en el mercado laboral debido a las secuelas en salud.
Por otra parte, la obesidad también tiene efectos sociales y económicos más allá de quienes están en esta condición. Tiene un alto costo en los servicios de salud en términos de la atención de las enfermedades asociadas a la obesidad. Además, las personas con sobrepeso y obesidad hacen un uso más frecuente de los servicios de salud. Esto implica asignar mayores cantidades de recursos a ellos, a costo de no asignarlos a otras prioridades de salud u otras iniciativas relacionadas con el desarrollo social y económico del país. Esto afecta tanto a las finanzas públicas como al gasto de las familias, que en México es particularmente elevado respecto de otros países. El sobrepeso y la obesidad también afectan la productividad laboral de las personas. Al sumar todo esto, se estima que el sobrepeso y la obesidad pueden reducir el PIB de los países. Dada la elevada prevalencia en México, consideramos que el impacto es elevado, siendo el más alto entre los países de la OCDE llegando hasta 5.3% del PIB.
